Jeremías Zúñiga

Decir que no pasa nada, no significa que no suceda algo.

El estado vive una crisis de gobernabilidad que ha orillado a los encargados de la concertación a recurrir a la institucionalización de la mentira como la principal estrategia para  silenciar y ocultar las expresiones de inconformidad por los exiguos resultados de gobierno; no obstante de esta práctica cotidiana, ahora se pretende legalizar el “aquí no pasó nada”, para ello, una vez más se utiliza a los representantes del “pueblo”, los diputados, que ya tienen lista una iniciativa de ley que pretende restringir el derecho de manifestación consagrado en el artículo 9º de la constitución política de los estados unidos mexicanos, que señala “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito(…) No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad (…)”. Ademásla Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 15 habla sobre el derecho de reunión, que indica:

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo  puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una  sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden  públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Cabe hacer mención que existen criterios jurídicos nacionales e internacionales sobre la preeminencia en los derechos humanos entre iguales; por lo tanto, el sólo decir que el derecho de manifestación se contrapone al derecho de libre tránsito no es causa suficiente para que se justifique el uso legal de la fuerza como instrumento de disuasión o represión social; toda vez que, “mientras existan vías alternas para llegar al lugar de destino de un individuo, no se puede hablar de la violación al libre tránsito”, la salvedad de este principio aplica sólo cuando se bloquea el total y absoluto acceso a un lugar o demarcación, por ejemplo: cuando se cierran todos los accesos a una ciudad o edificio impidiendo la entrada o salida total a las personas.

¿Por qué se recurre a la represión en lugar de la negociación?

Cuando la sociedad emplea mecanismos de manifestación es porque sus gobernantes no han sido capaces de resolver a tiempo las problemáticas de una comunidad, lo que vuelca a la ciudadanía a expresarse públicamente para exigir a la autoridad soluciones que mitiguen las necesidades sociales. Por otra parte, cuando un servidor público tiene los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas para ocupar un cargo, generalmente su labor previene las expresiones de inconformidad, lo que evita las manifestaciones y el uso legal de la fuerza, pero cuando no hay capacidad, se hace presente la impotencia y entonces los encargados de dirigir las instituciones recurren a la represión como instrumento político para mantener la gobernabilidad.

La sociedad evoluciona, las instituciones se renuevan, sin embargo las prácticas para hacer política y gobernar siguen siendo las mismas, no porque no hayan otras formas, sino por falta de capacidad y creatividad de la “nueva” generación de políticos que sigue con el pensamiento arraigado que el dinero es la vía más confiable para hacer política y gobernar, aunque se debe reconocer que parte de la responsabilidad la tienen los individuos que han comercializado con la democracia.

Si queremos un mejor país, es momento de hacer las cosas de manera diferente. La esclavitud quedo abolida. #No permitas que nadie decida por ti.

Dr. Jeremías Zúñiga Mezano

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