Legislación secundaria de la reforma electoral[i]

 

El 2013 fue el año de las reformas constitucionales, también llamadas reformas estructurales, en nuestro país. De la mano del PAN y del PRD, más la chiquillada, el Presidente Peña Nieto -y por supuesto el PRI- lograron sacar al menos diez modificaciones vertebrales a nuestra Carta Magna, haciéndola más moderna, específica y atrevida. A partir de ahí se han derivado distintos debates sobre la viabilidad o no de modificar tanto y tantas veces nuestra Constitución Política, y a su vez si todos estos cambios son lo que México necesita para dar ese salto al desarrollo. La discusión está echada a andar y hoy abordaremos únicamente lo referente a la llamada reforma electoral, dejaremos para una discusión posterior lo referente a la parte política.

 

Como una moneda de cambio, el PAN forzó al PRI a sacar la reforma político-electoral como requisito para sumarse en un solo bloque y aprobar la reforma energética. El Presidente Peña sabía que sin cumplir aquella demanda azul, se ponía en riesgo la madre de todas sus reformas y por lo tanto, mandó a sus principales cabilderos a sacar adelante la primera. Entre las principales propuestas se encontraban la reelección de legisladores federales y locales así como de Alcaldes, la consulta popular, la cuota real de género, la creación del Instituto Nacional Electoral y las candidaturas independientes a los partidos políticos, entre muchas otras. Aprobadas todas sí en lo general, pero falta afinarles detalles de implementación y reglamentación. Abordemos una por una las anteriores modificaciones a la Ley.

 

México y Colombia son los únicos países de América Latina que hasta la fecha no permiten la reelección inmediata de sus gobernantes. Hacerlo da una oportunidad tanto a las autoridades como a los ciudadanos de mejorar los mecanismos de acción y de rendición de cuentas, de eficiencia pues. Si las autoridades hacen bien su trabajo, la ciudadanía les daría la confianza de continuar en el cargo, exigiendo mejores resultados todavía. De lo contrario, si la autoridad no realiza su actividad con rendimientos positivos, la ciudadanía puede castigarla negándole su voto. Un esquema de incentivos para ambas partes. Lo anterior está diseñado y aprobado para los legisladores federales (diputados y senadores a partir de 2018), pero la puerta está ya abierta para que los Congresos Locales hagan las modificaciones correspondientes y se puedan reelegir tanto los Diputados Locales como los Alcaldes y sus planillas. Homologar criterios sería lo más conveniente, de lo contrario habría un desfase temporal electoral y ello ocasionaría un caos social y un hartazgo político, extra al actual. Es decir, si no se empatan las leyes (federales y estatales) habría elecciones casi cada año. Solo imaginarlo suena insostenible para todos.

 

La consulta popular tiene por objeto servir como ejercicio de fortalecimiento al músculo ciudadano. Si bien los legisladores representan una cierta demarcación territorial y poblacional, lo anterior no es excluyente de que los propios ciudadanos alcemos la voz cuando exista algún tema de trascendencia nacional o que impacte en la mayor parte del territorio, claro con sus respectivas excepciones (principios de la república democrática, materia electoral, hacendarios, de seguridad nacional, referentes a las fuerzas armadas o de derechos humanos). Esta propuesta me parece por demás interesante ya que pondría en jaque los intereses presidenciales o legislativos, según sea el caso, pues se podrían echar abajo los planes de una Administración Federal o revivir algún tema al que le hayan dado tratamiento fast track. Dicha consulta podrá ser invocada de tres maneras: que el Presidente de la República lo solicite, que el 33 %  de los legisladores de alguna de las dos Cámaras lo solicite o que el 2 % de los ciudadanos inscritos en la lista de electores lo solicite. Se requeriría pues una organización bastante compleja para invocarla, pero se puede. Este es uno de los mayores avances a destacar.

Fue el propio Presidente Peña quien mandó una propuesta para modificar los estatutos electorales anteponiendo una mayor igualdad en las oportunidades de resultar candidatas propietarias a las del sexo femenino. En lo personal me parece una muy acertada propuesta ya que la población femenina (mayoría en el país) es tan capaz -o más que la masculina- de llevar a cabo tareas ejecutivas o profesionales de alto rango. Les da una opción real de demostrar su liderazgo, apertura al diálogo, su creatividad y su efectividad. Sin discusión.

 

El mayor de los sub debates lo ha generado la extinción del Instituto Federal Electoral (IFE) para dar curso a la creación del Instituto Nacional Electoral (INE). Se parecen, pero no son iguales. El primero tiene probada y comprobada su capacidad administrativa y operativa en distintos periodos de nuestra democracia moderna, el segundo tendría poco más de un año antes de su primera prueba de fuego, las elecciones intermedias de 2015. Tomando en consideración que las leyes secundarias no han sido aprobadas al día de hoy, cabe destacar que el INE enfrentaría como primer obstáculo su propia conformación. Está previsto que haya 10 consejeros más un consejero presidente, de estos no hay hasta el momento ninguna definición sobre los posibles candidatos a integrar dicho consejo. Súmele usted a éste hecho, los retos administrativos, legales y de logística para modificar toda la infraestructura, estatutos internos, personal, papelería y por supuesto las credenciales para votar con fotografía, pues el simple hecho de no llamarse IFE nos costaría a todos los empadronados tiempo para rehacer el trámite, independientemente del gasto operativo por crear nuevos plásticos personalizados. Por supuesto, la nueva conformación del listado nominal de electores. Vaya reto pues nos encontramos a 480 días de los siguientes comicios (las modificaciones adelantan un mes las nuevas elecciones y las próximas inmediatas se llevarán a cabo el 7 de junio de 2015).

 

Por último, se ha abierto por fin la posibilidad a las candidaturas independientes de ciudadanos interesados en participar en los procesos electorales sin necesidad de estar afiliados o ser abanderados por alguna de las fuerzas políticas tradicionales. Ello habla de una apertura democrática, pero queda en duda la posibilidad de que los medios de comunicación apoyen fuertemente a algún candidato (a), ¿por qué habrían de hacerlo si no representa los intereses que los mismos medios de comunicación persiguen casi todo el tiempo?, ¿quién les pagaría las pautas?

 

En fin, la historia está escrita y apunto por último dos aspectos. El primero tiene que ver con la aprobación constitucional por las dos terceras partes de los legisladores que le costó desgaste político al Presidente y a su equipo, ahora para la legislación secundaria solo hace falta tener una mayoría simple (251 votos en la Cámara de Diputados y 65 votos en la Cámara de Senadores), no suena a un gran reto para el PRI dado lo nutrido de sus bancadas. Y segundo, viene un nuevo round de análisis y trabajo legislativo, pues modificar diez leyes y crear cuatro nuevas (partidos políticos, procedimientos electorales, delitos electorales y propaganda electoral) no es tarea fácil.

 

Por lo anterior expuesto, urge la aprobación de las leyes secundarias. De otra manera todo éste gran trabajo de estudio legislativo puede caer en vacíos y lagunas legales. Exhorto a nuestros legisladores a que terminen pronto y bien lo ya empezado.

 



[i] Autor Carlos Robles Saldaña. El autor cuenta con estudios de Licenciatura en Economía por la Universidad de las Américas en Puebla así como con estudios de Maestría en Administración por el ITESM. Se ha desempeñado en el sector internacional, privado y público.

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