Jeremías Zúñiga
El silencio, cómplice de la violencia y corrupción
México necesita formar ciudadanos con principios y valores –incorruptibles- dispuestos a luchar por los derechos y libertades de todos los mexicanos. Quienes tienen el privilegio de servir al país a través de la representación de los poderes de la unión –ejecutivo, legislativo y judicial- cada día se enfrentan a las tentaciones del poder y dinero, algunos no han logrado evadir la seducción de la corrupción, renunciando a los principios e ideales que los llevaron a ocupar algún cargo público -juez, magistrado, ministro, diputado, senador, regidor, alcalde, gobernador, entre otros más que contemplan las estructuras de los poderes del país;- es justo señalar que algunos funcionarios desempeñan su actividad con honestidad y patriotismo, sin embargo esa actuación honesta es demeritada cuando deciden callar ante los abusos de sus correligionarios, haciéndolos cómplices de las corruptelas.
La corrupción no es un tema de partidos o instituciones, es un asunto de personas que representan a organismos públicos y privados. En México se ha puesto precio a los principios y valores que rigen la conducta externa de los individuos en sociedad, toda vez que: por unos cuantos pesos quienes representan el espíritu de justicia quebrantan los derechos y libertades de toda una nación; por la conservación del poder y una tajada económica quienes dictaminan y aprueban las leyes del país están dispuestos a votar cualquier iniciativa en el congreso, aún sin importar que con ello se afecte a millones de mexicanos; por el enriquecimiento exprés, quienes administran las riquezas de los municipios, estados o del país, están dispuestos a tolerar obras de mala calidad o el establecimiento de grupos delictivos en un territorio.
No pasa nada
Hoy insisten los representantes de los poderes de la unión que México está en paz y orden, aunque todos los días los acontecimientos que afectan a la sociedad evidencian lo contrario -secuestros, levantones, extorsiones, homicidios, robos, perdida de empleos o propiedades, etc.-, es sabido que no hay Estado libre de delitos, sin embargo la negación de los acontecimientos que impactan negativamente a los habitantes de una comunidad fomentan la corrupción e impunidad. La autoridad debe incluir a la ciudadanía como aliados para resolver los problemas que lastiman a los mexicanos; a su vez, los ciudadanos solicitan ser incluidos en la toma de decisiones de las estructuras de gobierno para ayudar a resolver los conflictos que viven cada día, y así, recuperar la confianza y credibilidad sobre la autoridad.
El callar ante las injusticias y abusos de la autoridad nos hace cómplices de sus actos.
Los mexicanos han dejado de creer en las instituciones por los excesos y abusos de los servidores públicos, y prefieren callar por temor a la represión de autoridades y delincuentes. La sociedad vive en estado de indefensión, debido a que los funcionarios que tienen el deber legal de protegerlos, prefieren proteger su empleo, permitiendo cualquier tipo de violación a los derechos humanos; un ejemplo: la detención del Dr. José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán y del congreso nacional de autodefensas, que decidió no uniformarse y continuar su lucha bajo los principios e ideales que originaron el movimiento social de autodefensas; si bien hay muchos ciudadanos que no coinciden con su método de lucha para restablecer el estado derecho en Michoacán, lo cierto que su movimiento ha provocado avances significativos en temas de seguridad, al grado que varios servidores públicos han sido destituidos o están en la cárcel –el movimiento de autodefensas surgió como respuesta a la violencia, no para ocupar los cargos públicos que le corresponden a la autoridad-. El Dr. Mireles, con un grupo de ciudadanos iniciaron una lucha como respuesta a los secuestros, extorsiones y levantones que vivían los michoacanos, con los riesgos que implicaba este movimiento -la perdida de la vida y libertad-, a cambio de la seguridad y tranquilidad de sus familias y de la población de Michoacán. El Dr. Mireles y el grupo de ciudadanos que fueron detenidos, consignados y sujetos a proceso con el auto de formal prisión, son culpables de no entender que toda lucha –civil, social o armada- tiene etapas y procesos de evolución -ellos no podían seguir con el movimiento armado de manera permanente-, no obstante ingresarlos a penales federales de máxima seguridad es rudeza innecesaria, porque en Michoacán se viven condiciones especiales que incluso llevaron a nombrar un comisionado especial. Hay acciones que distancian al gobierno de la sociedad; la liberación del grupo de michoacanos que encabeza el Dr. Mireles contribuiría a fortalecer la confianza de la sociedad en la autoridad. Sociedad y gobierno deben trabajar juntos, como aliados, para reconstruir el tejido social.
México requiere mujeres y hombres con principios y valores, dispuestos a darlo todo a cambio de la libertad y seguridad de todas las familias. Los mexicanos no podemos cerrar los ojos o voltear para otro lado mientras pierden su libertad o la vida algunos ciudadanos que luchan por un México más seguro, hacerlo nos vuelve indignos de esa libertad y seguridad que tanto anhelamos.
Dr. Jeremías Zúñiga Mezano
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