El acceso de los grupos sociales a la ciudadanía plena

La democracia en México es para todos con independencia del sector poblacional al que pertenecemos. El acceso y el respeto a la totalidad de los derechos que protege nuestra Carta Magna no deben estar condicionados por nada, ni por nadie.

Es una obligación de los servidores públicos, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetar, garantizar y promover los derechos humanos de todos los ciudadanos con independencia de su condición social, aspecto, género, edad, capacidades psicomotoras o nivel de educación, ente otros. En ningún ámbito de la vida democrática del país podemos permitir la violación de los derechos humanos y por lo tanto no podemos consentir tampoco la discriminación.

Es prioridad para el gobierno mexicano, por instrucciones del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, llevar a cabo todas las acciones necesarias para prevenir la violación de derechos humanos por parte de los servidores públicos y erradicar el cáncer social que es la discriminación.

Existen grupos poblacionales que han sido desatendidos históricamente como los indígenas, grupos a los que se les ha permitido poco acceso al ámbito público como a las mujeres, los discapacitados, por citar algunos, y que requieren de mayor atención y de políticas públicas que permitan garantizarles la plena ejecución de sus derechos y un nivel de vida acorde con la idea internacional de la dignidad humana.

La educación y sensibilización, son las herramientas fundamentales para lograr la empatía entre los diversos grupos poblacionales, condición necesaria para lograr la convivencia social armónica y por lo tanto la suma de voluntades a nuestro proyecto de desarrollo como nación.

Garantizar el pleno acceso y el respeto de los derechos de todos en igualdad de circunstancias, sin distinción, es fortalecer nuestra democracia revalorizando a la administración pública.

Si logramos que las mujeres tengan mayor acceso a los altos cargos en la administración pública y erradicar la violencia de género en los ámbitos laboral e intrafamiliar, estaremos cumpliendo con un deber y con una necesidad de la democracia mexicana.

Si logramos que los discapacitados cuenten con la infraestructura de movilidad adecuada en cualquier parte del país, integrarlos al sector productivo mediante los programas sociales, brindarles la atención médica y educativa adecuada, estaremos más cerca de lograr nuestro objetivo de integración de mayor número de ciudadanos a los estándares de calidad de vida y desarrollo personal.

Si logramos que nuestros hermanos indígenas puedan elevar la cantidad y calidad de sus alimentos, que puedan educarse en las instituciones públicas y posteriormente acceder al mercado laboral o emprender negocios en su propia comunidad y fuera de ella, estaremos cumpliendo con una deuda histórica, aunado a que nos encontraremos en el camino adecuado para erradicar la pobreza extrema multidimensional de muchos mexicanos.

Nuestra sociedad debe ser sensible con los grupos que no han logrado el pleno acceso y respeto de sus derechos y el gobierno, por su parte, continuar con acciones para cambiar esta situación de hecho y de derecho.

Para un servidor es una grata experiencia, que me llena de satisfacción, contribuir desde la administración pública y como ciudadano a la integración de los grupos menos favorecidos a la vida plena en democracia, al respeto y garantía de todos sus derechos humanos.

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