Se aplicara la ley sin distingo en unidades de Transporte Público participen en la comisión de ilícitos.
Xalapa, Ver., a 16 de febrero de 2017. La Dirección General de Transporte aplicará sin distingo la ley en los casos en que unidades de Transporte Público participen en la comisión de ilícitos.
En un estado de derecho, todos los ciudadanos estamos obligados a respetar un orden jurídico, que no puede ni debe ser violentado, pues de hacerse se cae en la anarquía, se rompe con la armonía que debe prevalecer en toda sociedad debidamente organizada, cuestión que el estado está obligado a impedir por imperativo legal.
Veracruz, ha sufrido en diferentes sectores las consecuencias de gobiernos en los que la aplicación de la ley y el Estado de Derecho fueron dejados en segundo lugar, lo que generó que determinados sectores sociales, percibieran que su conducta no tenía limitante alguno, y que la infracción de la normatividad no tuviera consecuencias.
El día 14 de febrero del presente año, el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Constitucional del Estado, realizó la presentación del Programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público, cuya finalidad es mejorar el servicio y contribuir a reducir los actos delictivos en el Estado, en donde se vean involucrados vehiculos de transporte público en todas sus modalidades, enfatizando la aplicación de la ley, para aquellos que erróneamente consideran que la comisión de delitos puede estar justificada.
En Veracruz, no se permitirá más, el uso de unidades del Transporte Público para generar desorden o cometer delitos, como los que la sociedad pudo apreciar en los
disturbios realizados en oposición al aumento del costo de la gasolina y mas recientemente los ataques a las vias de comunicacion resultantes de los bloqueos realizados el pasado 14 de febrero en la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA); donde algunos taxis fueron identificados en la avenida 20 de noviembre, violentando con ello el Estado de Derecho.
En ese tenor, la Secretaría de Seguridad Publica a través de la Dirección General de Transporte, ha aperturado más de 160 procedimientos de revocación de concesiones, a todas aquellas unidades que han participado en los sucesos descritos.
