Regularían Consulta Popular e Iniciativa Ciudadana en la Constitución local

  • Presentan diputados una Iniciativa para reformar la norma estatal, en materia de mecanismos de participación de los ciudadanos

 

Xalapa, Ver.

 

 

Regular lo relativo a la Consulta Popular y la Iniciativa Ciudadana en la Constitución Política del Estado, acorde con la realidad de Veracruz, propusieron en tribuna miembros de la LXIII Legislatura local, a través de una Iniciativa leída ante el Pleno por la diputada Marcela Aguilera Landeta.

 

Esta propuesta, firmada también por los diputados Juan Eduardo Robles Castellanos, Juan René Chiunti Hernández y Francisco Garrido Sánchez, plantea que el porcentaje mínimo de ciudadanos requerido para presentar iniciativas sea de 0.13 por ciento de los inscritos en la Lista Nominal de Electores.

 

Con ello se avanza en el fortalecimiento de esta figura democrática, aumentando la participación ciudadana en la formulación de proyectos de ley, agregó Marcela Aguilera.

 

En relación con la Consulta Popular, se estipula que sea convocada por el Congreso del Estado a propuesta del Gobernador, el equivalente a 33 por ciento de los integrantes de la Legislatura local o los ciudadanos, en un equivalente al menos dos por ciento de los inscritos en la Lista Nominal de Electores.

 

Esta Iniciativa –turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales– refiere la atribución del Congreso del Estado para convocar a consultas populares; del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para determinar previamente la constitucionalidad de las materias; del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), en cuanto a su organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, y del Tribunal Electoral del Estado, para tramitar las impugnaciones.

 

Se señalan los asuntos que no podrán ser materia de consulta, como la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y la particular del estado, la desincorporación del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de la Federación, la materia electoral, los ingresos y gastos del estado y la seguridad estatal.

 

Para validar la viabilidad de la Consulta Popular, corresponde al TSJ a partir de un proyecto de su Sala Constitucional resolver previamente a la convocatoria que realice el Congreso sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

 

En el texto de la Iniciativa, los legisladores señalan que es necesario aplicar un procedimiento especial para aprobarla, a fin de que se encuentre en condiciones de acatar lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto de la adecuación de Veracruz en la materia.

 

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