El PRD lamenta la salida de Cárdenas; la vida del partido sigue

n  “Hemos conocido de la renuncia del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas a nuestro partido, lo cual lamentamos profundamente;” expresó el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Veracruz, Rogelio  Franco Castán; quien agregó: “Estamos convencidos que esta no es la salida para superar nuestra crisis partidaria; por el contrario, hay que enfrentarla desde la óptica de la reflexión; del debate interno profundo; y de la autocrítica a todos los errores cometidos. Así como de tomar las medidas necesarias para deslindarnos de la relación perversa entre delincuencia organizada y política; esto no debe suceder en el futuro inmediato del PRD, ni a ninguna organización social o partidista. Nuestros principios son la lucha por la democracia; por eliminar la desigualdad; por un Estado de derecho; y por la vigencia plena de los derechos humanos;” dijo.

n  El Ing. Cárdenas, es un hombre de gran valía para la lucha política del país; su aporte es y ha sido fundamental 25 años, desde la formación del PRD; por ello el partido respeta su decisión de presentar su renuncia con carácter irrevocable; seguramente en el camino volverá a coincidir, con una visión  renovada.

Tiene poco tiempo que el PRD es un partido de instituciones; es breve el periodo en que dejó de ser un sólo hombre; de un único pensamiento. Ahora, asume con mayor claridad, que la diversidad y la pluralidad son los componentes principales de su fortaleza y desde ésta postura, se superará la crisis actual.

“En Veracruz, hemos logrado armar la unidad partidaria; somos un Comité Ejecutivo donde están incluidas todas las expresiones políticas que componen nuestro ente partidario. Ahora, nos encontramos en una etapa nueva de consolidación del PRD en todo el territorio veracruzano;” explicó Franco Castán.

El PRD apoya ampliamente el diagnostico que han presentado un grupo de destacados intelectuales de México, en base al análisis hecho por El Instituto de Estudios para la Transición Democrática del que se derivan los siguientes puntos:

1.     Los derechos humanos deben colocarse en el centro de los debates y de todas las políticas en adelante

2.     La atención a las víctimas –ahora, a los padres de los normalistas- vuelve a ser tema de enorme relevancia, porque son el centro del dolor y de la indignación de nuestro país. La CNDH debería encabezar una política de respaldo profesional, información, diálogo y protección hacia los deudos más allá de la justa indemnización.

3.     La discusión y rehabilitación del poder municipal. A éstas alturas queda claro que es el ámbito privilegiado por el crimen (no el único) para reproducir su control. ¿Qué políticas seguir para fortalecer su capacidad institucional?, ¿Qué facultades deben ser asumidas por los gobiernos estatales y cuáles por el federal? La re-centralización no es opción, pero tampoco el abandono y la indiferencia ante gobiernos tan débiles y expuestos a poderes criminales que los superan ampliamente

4.     La impartición de justicia es otra área clave que no se resolverá con el conocido expediente de mayores presupuestos ni con la magia atribuida a los juicios orales. Es preciso decir, con todas sus letras, que hay una crisis en el corazón mismo del Estado de Derecho cuyos efectos ponen en un predicamento las aspiraciones de justicia y equidad de los ciudadanos mexicanos. La corrupción no es un mal menor, al contrario: condiciona el funcionamiento de las instituciones y agrava la precariedad de la convivencia social.

5.     La pobreza y la desigualdad son el abono de la violencia endémica y del tránsito cada vez más expedito de la juventud hacia los mercados delincuenciales. Es imposible separar el atraso, la falta de crecimiento y de oportunidades, de la decisión de miles de mexicanos para enrolarse en el ejército criminal que ya existe y que hoy ha puesto en jaque al Estado en amplias zonas y segmentos del país.

6.     El combate a la corrupción es la forma concreta que adquiere hoy, esa enorme exigencia contra la impunidad y por el Estado de Derecho. Pocas veces estuvo tan claramente inserta y con tal urgencia en la agenda nacional, una genuina reingeniería de la estructura de rendición de cuentas en todo el país, especialmente en los niveles primarios del Estado.