Sería la AVI nuevamente Policía Ministerial
- A comisiones, la Iniciativa que reforma la Ley de la Procuraduría General de Justicia
- Ingresa propuesta para que los ayuntamientos contraten créditos con el Banobras
Xalapa, Ver., 20 de marzo de 2014.- La iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa para reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) y reasignar el nombre de Policía Ministerial a la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), fue turnada a comisiones por la Diputación Permanente del Congreso local durante su sesión de este jueves.
Los integrantes de las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia analizarán este decreto, que reforma los artículos 3, 21, 28, 30, 31, 45 y 45 bis, a efecto de reasignar a la corporación el nombre que originalmente le corresponde, de acuerdo con la Constitución Política del Estado.
Otro proyecto de decreto, para autorizar a los municipios del estado que –por conducto de funcionarios legalmente facultados para representarlos–, gestionen y contraten uno o varios créditos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (Banobras), se turnó a las comisiones permanentes unidas de Hacienda del Estado y Hacienda Municipal.
Los ayuntamientos podrían disponer de créditos equivalentes a un porcentaje del derecho y los ingresos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) como fuente de pago.
Obtener estos recursos –consigna la exposición de motivos– permite a los ayuntamientos una mejor planeación y programación de las obras de infraestructura, para realizarlas cuando las condiciones climatológicas son propicias. También se reactiva la economía municipal.
El monto de cada crédito o empréstito, así como los plazos de pago, deberán cubrirse totalmente dentro del periodo constitucional de la administración municipal que los contrate. A más tardar, el primer día hábil de noviembre de 2017.
Los municipios que decidan contratar créditos o empréstitos –añade el proyecto de decreto–, deberán contar con autorización expresa de los representantes del Ayuntamiento, de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Más tarde, la Mesa Directiva turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo sexto bis al Código de Derechos para el Estado, enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, para establecer las tarifas justas a diversos conceptos relacionados con la actividad pesquera y acuícola.
En el informe se explica que estos conceptos permitirían al Código de Derechos para el Estado un marco jurídico que regule apropiadamente los montos a cubrir en cada permiso o autorización por especie de pesca, de acuerdo con la actividad que realicen los interesados.
